Fecha de publicación: 27 de Noviembre de 2025 a las 06:58:00 hs
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Medio: INFOBAE
Categoría: GENERAL
Comienza la era post Bolsonaro en Brasil: entre las tensiones con EEUU y la búsqueda de un candidato de derecha
Descripción: Aunque la defensa del ex presidente no se rinde, la alianza que lo sostuvo ya pide que nombre sucesor. Su hijo y otros aliados exiliados en el país norteamericano también están en la mira de la justicia
Contenido: La defensa de Jair Bolsonaro no se rinde y ha anunciado que seguirá recurriendo la condena a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, incluso después de que, el martes, el juez Alexandre de Moraes determinara el inicio inmediato de la ejecución de la pena. Se trata de los llamados “embargos infringentes”, un tipo de recurso posible cuando la decisión de una sección del Tribunal Supremo Federal (STF) no es unánime. Sin embargo, el propio STF ha comunicado que ya no es posible presentar recursos, porque este tipo de recurso solo se admite cuando ha habido al menos dos votos a favor de la absolución, mientras que en el caso de Bolsonaro solo el juez Luiz Fux ha votado a su favor.
Así pues, parece cerrarse, al menos por el momento, un capítulo de la historia más reciente de Brasil. Bolsonaro es el cuarto presidente detenido desde que el país latinoamericano salió de la dictadura. Le precedieron Luiz Inácio Lula da Silva en 2018, Michel Temer en 2019 y, el 25 de abril de este año, Fernando Collor, desde el 1 de mayo en prisión domiciliaria.
En el caso de Bolsonaro, también su hijo, el diputado Eduardo, que se trasladó hace meses a Estados Unidos, está ahora en el punto de mira del STF. El Supremo Tribunal aceptó ayer la denuncia de la Fiscalía General de la República, que lo acusa de coacción durante el proceso, un delito que se configura cuando se utiliza la violencia o amenazas graves contra jueces, partes u otras personas involucradas en un proceso judicial para favorecer un interés propio o ajeno, con una pena prevista de 1 a 4 años de prisión.
Según la acusación, Eduardo Bolsonaro y el influencer Paulo Figueiredo, que también se mudó a Estados Unidos, habrían amenazado con represalias internacionales contra las autoridades brasileñas para obstaculizar el juicio de su padre. En caso de ser condenado, el hijo del ex presidente también podría pagar una indemnización por daños y perjuicios y perder cualquier cargo y mandato en Brasil.
Para el clan Bolsonaro, los últimos días han sido realmente un crescendo. El sábado al amanecer, el ex presidente fue trasladado de forma cautelar a una celda de la sede de la Policía Federal en Brasilia. De hecho, había intentado violar la tobillera electrónica mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en su casa de Brasilia. “Utilicé una soldadora, lo hice por curiosidad”, dijo en estado semiconfuso a una agente de la Policía Federal que intervino inmediatamente después. El breve interrogatorio fue filmado y el vídeo difundido a la prensa el mismo sábado.
El ex presidente declaró entonces que estaba bajo los efectos de psicofármacos que toma contra la ansiedad y la depresión. Ahora cumplirá su condena en la celda en la que se encuentra desde el sábado, de 12 metros cuadrados, con minibar, televisión y aire acondicionado. Para él, al menos por el momento, no habrá cárcel de Papuda, como se había especulado inicialmente.
Muchos han señalado estos días que Brasil está reviviendo la misma situación que en 2018 con la detención de Lula. La gran diferencia es el tipo de condena. El actual presidente había sido el centro del escándalo de corrupción destapado por la operación Lava Jato y también había acabado en prisión, en una celda de la Policía Federal, pero en Curitiba, el 7 de abril de 2018. Lula había sido condenado en tres grados de juicio en el caso de Atibaja a 12 años y un mes y en dos grados de juicio a 12 años y 11 meses por el tríplex de Guarujá, pero el Supremo Tribunal Federal anuló todo el 8 de marzo de 2021 al considerar que era un tribunal de Brasilia y no el de Curitiba que debía juzgarlo en primera instancia. Este fallo técnico anuló de hecho las dos condenaciones, haciendo que todo empezara de nuevo de cero y provocando inevitablemente la prescripción de ambos juicios.
Es probable que Bolsonaro también pueda volver pronto a la prisión domiciliaria por motivos de salud o beneficiarse del régimen semiabierto, obteniendo otras ventajas como la salida temporal o el trabajo externo. Mucho dependerá también del clima político de los próximos meses y de la futura composición del STF. Aunque entre 2027 y 2029 Moraes será el nuevo presidente del Supremo Tribunal, quien sea elegido nuevo mandatario de Brasil el año que viene podrá nombrar a tres nuevos jueces que sustituirán a Gilmar Mendes, Luiz Fux y Carmen Lucia, que se jubilarán en 2030. Si gana un presidente de centro-derecha, podría nombrar a tres más alineados con la defensa de Bolsonaro.
El impacto político de esta detención es el verdadero debate de estos días, en el que participan juristas, periodistas y políticos. En cuanto a la población, se ha mantenido casi totalmente indiferente, preocupada sobre todo por la economía, y parece remoto aquel 2016 en el que la destitución de la entonces presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, llenó las plazas de manifestantes a favor y en contra.
Los juristas están divididos. El abogado Eduardo Tozzini, en el sitio web Gazeta do Povo, declaró que la denuncia en la que se basó la condena no describe actos concretos que constituyan un verdadero intento de delito, como exige el artículo 14 del Código Penal brasileño. Según él, “los borradores de decretos y las opiniones expresadas en grupos de chat entran dentro de la simple reflexión o, como mucho, de los actos preparatorios, fases que por sí solas no son punibles”. El jurista Ives Gandra da Silva Martins también ha cuestionado la acusación de intento de golpe de Estado, ya que este requiere una movilización armada y acciones efectivas para tomar el poder. “Ningún militar al mando de tropas ha salido a la calle. No existe en la historia un golpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas”, afirmó. De opinión contraria se muestra el ex magistrado Walter Fanganiello Maierovitch, que condenó el intento de forzar el brazalete electrónico. “Creo que Bolsonaro sigue intentando este golpe de Estado, no se ha detenido. Quizás lo que Moraes ha demostrado con todo esto es que Bolsonaro sigue amenazando, agitando, perturbando y alterando la paz no solo del Gobierno, sino de todos nosotros”, declaró Maierovitch. También para el profesor Conrado Gontijo, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC), “aunque Bolsonaro no haya sido el ejecutor concreto de todos los delitos, hay elementos que indican que fue el autor intelectual y el principal beneficiario”, declaró al sitio web Brasil247.
La prensa también se ha dividido. Para Julia Duailibi, de Globo News, “ha sido un día histórico porque, por primera vez en la historia democrática de Brasil, se ha detenido a militares para que cumplan condena por intento de golpe de Estado”. Para el periodista Claudio Dantas, el martes,cuando la sentencia pasó a ser firme, fue “el día de la vergüenza”.
La única certeza es que Bolsonaro, que hasta el último momento había esperado una ley de amnistía para volver a presentarse a las elecciones el año que viene, ha salido políticamente de escena.
El gran bloque parlamentario de centro-derecha, el llamado “Centrão”, ahora quiere pasar página rápidamente y presiona para que Bolsonaro, antes de perder más capital político, indique claramente y lo antes posible a su sucesor para las presidenciales de 2026, con el fin de compactar la derecha y evitar que la imagen del campo conservador siga deteriorándose. Según fuentes cercanas al ex presidente, Bolsonaro ya habría descartado que se presente ningún miembro de su familia, ni su primer hijo, el senador Flávio Bolsonaro, ni su esposa Michelle, porque no quiere “que sufran la misma persecución que él ha sufrido”.
En el Partido Liberal (PL), el nombre que circula con más fuerza como único candidato realmente competitivo contra Lula es el del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Ayer, en un acto en la metrópoli, Tarcisio aludió al tema. “Creo que la gente está demasiado ansiosa. Hay tiempo para la decisión. Ya se ha tomado, pero la gente simplemente no se da cuenta. Hay un gran respeto por el ex presidente Bolsonaro... Su capital político será fundamental para suavizar la situación. No estén ansiosos, porque la decisión llegará en el momento adecuado. No tiene por qué ser necesariamente en diciembre. Podría ser en enero, febrero o marzo”, afirmó. Sin embargo, muchos en el centro-derecha consideran que no hay tiempo que perder y que cada mes es valioso para contrarrestar a un candidato tan fuerte como Lula.
Según los expertos, los próximos meses estarán llenos de giros inesperados, tanto a nivel nacional como internacional. La decisión de cerrar definitivamente el proceso y rechazar otras apelaciones ha sido criticada por uno de los abogados cercanos a Trump, Martin De Luca, quien en sus redes sociales ha hablado de un “golpe de Estado de Disney”. Un golpe de Estado después de dejar el cargo. Un golpe de Estado sin armas, sin cadena de mando, sin posibilidades de éxito. Un golpe de Estado aparentemente dirigido por un ex presidente en Florida que se preparaba para ir a Disney con sus nietos. Un golpe de Estado que el presunto líder (Lula, ndr) denunció en tiempo real en las redes sociales. Ningún jurista serio podría ver esta secuencia y definirla como un golpe de Estado", escribió De Luca en sus redes sociales.
Ahora, sin embargo, lo que podría crear fricciones con Estados Unidos es el caso del diputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado, cuando era jefe de la agencia de inteligencia brasileña, la ABIN. Sin embargo, Ramagem ya no se encuentra en Brasil. Según la Policía Federal, abandonó Brasil de forma clandestina antes de que concluyera el proceso y se encuentra en Estados Unidos, en Miami, donde habría llegado en septiembre.
El martes, Moraes determinó el inicio de la ejecución de la pena también para él.
La esposa de Ramagem declaró en las redes sociales que la familia se había ido a Miami para protegerse de lo que calificó de “persecución política”. Sin embargo, el Supremo Tribunal lo considera un fugitivo y ha solicitado su detención a la Policía Federal brasileña, que ahora podría incluirlo en la lista roja de Interpol y presentar una solicitud formal de extradición a Washington. No obstante, en Estados Unidos, la alerta roja de Interpol no implica automáticamente una detención. Las autoridades estadounidenses solo pueden intervenir si existe una base legal interna o un tratado de extradición aplicable. Además, la administración Trump podría interpretar el caso como político y, por lo tanto, oponerse. Las relaciones entre los dos países, que se han reactivado comercialmente después de que la administración Trump eliminara los aranceles a numerosos productos brasileños, podrían volver a terminar en un punto muerto, agravado además por las sanciones ya impuestas al juez Moraes con la Ley Magnitsky.
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