Fecha de publicación: 20 de Julio de 2025 a las 03:00:00 hs
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Medio: INFOBAE
Categoría: GENERAL
El error judicial que dejó en libertad a un sicario del Tren de Aragua en Chile
Descripción: La policía emitió orden de captura internacional contra Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de asesinar al “Rey de Meiggs”
Contenido: El martes pasado, la policía chilena emitió una orden de captura internacional contra Osmar Ferrer Ramírez, uno de los tres sicarios venezolanos acusados de asesinar a José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey del Meiggs” -barrio capitalino que alberga un sinfín de locales comerciales y una verdadera selva de comerciantes callejeros-, ocurrido el mes pasado en la comuna santiaguina de Ñuñoa.
Esto, luego de que Ferrer Ramírez fuera liberado por Gendarmería el jueves 10 de julio debido a un error administrativo, situación que ha puesto en entredicho la credibilidad del Poder Judicial.
Según lo que se sabe hasta ahora, tras detectarse un error en el nombre de Ferrer Ramírez estampado en el fallo de la magistrada que decretó la prisión preventiva de los tres sicarios, se despachó un segundo documento que derogaba el primero, y luego se emitió un tercero con el nombre bien puesto.
Sin embargo, a pesar de un mail que advertía que el imputado debía mantenerse en prisión, Gendarmería tomó razón del segundo oficio y liberó al sicario la noche de ese jueves, quien se fue caminando en dirección al barrio Franklin como Pedro por su casa junto a dos amigos que lo esperaban afuera de la cárcel y actualmente se mantiene prófugo.
Para peor, el viernes Carabineros y la Policía de Investigaciones tuvieron que emitir dos nuevas órdenes de captura internacional, pues gracias a sus huellas dactilares fue finalmente posible dar con el nombre real del sicario: la primera bajo el nombre de Carlos Alberto Mejía Hernández, y una segunda corregida horas más tarde finalmente como Alberto Carlos, de 18 años, quien ingresó por un paso ilegal al país, se encontraba sin documento de identificación alguno y, según todo indica, ya debe estar fuera del país.
El crimen por el cual Mejía es perseguido se produjo el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, cuando la víctima salía junto a un amigo desde el edificio donde residía.
En esos momentos, dos de los sicarios venezolanos -que habrían “hecho guardia” alrededor dos horas- se bajaron de un automóvil y los amenazaron con armas de fuego. Los agredidos huyeron entonces en direcciones opuestas, pero a los pocos pasos los atacantes alcanzaron a Reyes Ossa y le propinaron tres balazos, uno de los cuales le dio en el cuello, provocando su muerte instantánea.
Y aunque también persiguieron al amigo de la víctima fatal para robarle su billetera y teléfono celular, lo cierto es que no se llevaron los USD 3 mil en efectivo que Reyes Ossa portaba al momento de su muerte, lo que llevó a la Fiscalía a descartar el simple robo con violencia y sostener la tesis de “un homicidio selectivo”.
El grupo se desplazó entonces al día siguiente del asesinato hasta la ciudad de Osorno (930 kilómetros al sur de Santiago), donde se “guardaron” por dos semanas y “mantuvieron constante comunicación con cercanos para ver si andaban en busca del vehículo usado”, aseguró el fiscal especializado Sergio Soto.
Al ver que la investigación parecía calmarse, los sicarios volvieron a la capital y fueron capturados el martes 8 de julio en la comuna de Estación Central al tratar de volver a sus domicilios.
Tras acreditarse “todos y cada uno de los delitos” -homicidio calificado, robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas-, la causa será investigada en los 120 días que decretó el tribunal como un homicidio por encargo.
Según el fiscal Soto, el autor intelectual del crimen sería una persona de nacionalidad chilena, cercano a la víctima, quien debido a líos amorosos contactó a uno de los sicarios, el que luego reclutó a los otros dos. El grupo habría recibido preliminarmente $4.5 millones (USD 4,700), de un total de $30 millones (USD 31,500) prometidos.
“La persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida y era cercano finalmente a esta víctima”, agregó el persecutor.
De acuerdo al fiscal, los sicarios “sabían que la víctima se trasladaría desde la Quinta Región a Ñuñoa, conocían el horario de llegada y el vehículo”, e incluso tenían en sus manos una fotografía del empresario asesinado.
También detalló que las cámaras de seguridad revelaron que el grupo trató primero de secuestrar a Reyes Ossa, sin embargo al ver que se resistía lo ajusticiaron en plena vía pública.
Ahora, la investigación busca dar con el autor intelectual del crimen. “Las indagaciones buscan confirmar su identidad para pedir su orden de detención”, cerró el fiscal a cargo de este caso.
Tras la liberación de Carlos Mejía, las críticas al actuar del Poder Judicial fueron transversales, y mientras desde la oposición pidieron la cabeza del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, desde la oposición defendieron la labor del Gobierno y apuntaron a que el origen del problema radica en un problema estructural del aparataje judicial.
En paralelo, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ordenó llevar a cabo una análisis del sistema de tramitación penal y la Corte de Apelaciones de Santiago también abrió un sumario.
Quizá el más duro fue el propio fiscal a cargo de la investigación, Marcos Pastén, jefe de la división administrativa del Ministerio Público, quien en conversación con T13 aseguró “con toda responsabilidad” que el sistema “es absolutamente feble y vulnerable”.
“Decirle a la opinión pública una cosa distinta sería hasta insultante”, aseguró.
Según el persecutor, en el canal de comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería “hay una serie de procedimientos y protocolos que están establecidos para el millón de audiencias que aproximadamente tiene el Ministerio Público en un año”, pero aún persisten una serie de trámites que se hacen a mano, lo que amplifica los márgenes de error.
Debido a lo grave de todo el asunto, el fiscal Pastén detalló que “hemos dispuesto conformar una fuerza de tarea para la investigación de este hecho. Me refiero, principalmente, en nuestro caso, a la evasión del detenido”.
Pastén también explicó que el actuar de la jueza que firmó las resoluciones de prisión preventiva -Irene “Tuto” Rodríguez, bautizada así por la prensa tras dormirse en la audiencia de formalización-, habría sido correcto.
“La magistrada dice la verdad cuando señala que ella firmó las tres resoluciones. También es correcto decir que esas resoluciones le fueron comunicadas a Gendarmería de Chile”, explicó.
Finalmente, el fiscal a cargo de dilucidar este entuerto sostuvo que el caso es el resultado de un problema estructural.
“Se han ido añadiendo sistemas digitales, comunicaciones electrónicas, existe una red de gestión penal en el Poder Judicial, etc. Pero si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble”, remató.
Así las cosas, para este lunes se espera que sesione la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y el martes, la de Seguridad y Constitución en el Senado, a fin de desentrañar la cadena de errores que dejó en libertad a quien es hoy en día el prófugo más buscado del país, golpeando de paso el prestigio del añoso Poder Judicial chileno.
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